CONVOCATORIA ESCUELA REGIONAL UNESCO - MOST
Estimados colegas y amigos:

Es un gusto saludarlos y comentarles que la UNESCO, junto con los Ministerios de Educación, de Desarrollo e Inclusión Social, de Ambiente, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, están organizando la V Escuela de Verano de Programa MOST.

Esta Escuela tiene como objetivo reunir a académicos y funcionarios públicos de América Latina y el Caribe, que estén trabajando en temas de Desarrollo Sustentable, Inclusión Social y Género, para que compartan sus experiencias y conocimientos y se capaciten en la mejor manera de incorporar las investigaciones académicas a la elaboración de las políticas públicas.

La Escuela se desarrollará del 19 al 23 de agosto del 2013 en la ciudad de Lima. Para poder participar se debe postular en una de las dos categorías: como académico o como funcionario publico. En caso de ser elegido, los organizadores otorgan el alojamiento y la alimentación durante los días de duración de la Escuela, y los pasajes corren por cuenta de cada participante.

Espero que puedan postular a esta Escuela en la que se contará con expositores internacionales de gran nivel, además de tener la participación de altos funcionarios del Estado peruano. Se otorgarán certificados. El envío de postulaciones será hasta el lunes 22 de julio.

Para mayor información pueden comunicarse directamente al 2232284 o al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..

 

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CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURANACIONAL DE BOLIVIA

 

Sucre, 6 de julio de 2013

STRIA GRAL. ICACH Nº 145/2013

 

Señor
Juan Evo Morales Ayma
EXCELENTÍSIMO PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
La Paz-Bolivia

De mi mayor consideración:

Ha sido de conocimiento del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, a través de los medios de comunicación nacionales que el día de ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional el Proyecto de Ley del Ejercicio de la Abogacía, Proyecto de Ley 067/13-14 C.S., al respecto solicitamos a su autoridad que en el marco de lo establecido en el art. 163.10 de la Constitución Política del Estado observe el referido Proyecto de Ley, amparándonos en nuestra petición en los siguientes fundamentos de orden legal y constitucional:

1. El art. 6 del Proyecto de Ley 067/13-14 C.S. al regular el ejercicio de la profesión de abogado en nuestro país establece: "Para ejercer la abogacía en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia se requiere: 1. Título profesional de abogada o abogado; 2. Matriculación en el Ministerio de Justicia y, 3. Las Abogadas y los abogados, habilitados, se someterán al control del ejercicio profesional a través del Ministerio de Justicia o de los Colegios de Abogados." Sin embargo, de ello el art. 9.1 del citado Proyecto establece como deber de los abogados bolivianos solamente el "Registrarse y matricularse ante el Ministerio de Justicia". De esta forma, el Proyecto de Ley referido no solamente es contradictorio sino esencialmente desconoce la potestad sancionadora del Estado que como su autoridad conoce consiste en la facultad que tiene el Estado de imponer sanciones a acciones u omisiones antijurídicas, esta potestad puede ser sancionadora- correctiva, cuyo objeto es sancionar actos u omisiones que infrinjan las normas administrativas y es aplicable a todos los individuos; por otra parte la potestad del Estado puede ser administrativa-disciplinaria que consiste en las sanciones a los funcionarios públicos por acciones u omisiones en el ejercicio de sus deberes. De esta última potestad deriva el derecho disciplinario que es autónomo con relación al derecho penal por las obvias diferencias que separan a estas dos ramas del Derecho, especialmente en cuanto a la finalidad que ambos persiguen, ya que el primero aspira a la conservación del orden jurídico y a su restablecimiento mediante la conminación, imposición y ejecución de la pena. En tanto que el derecho disciplinario, tiende a mantener al agente en la observancia de sus deberes y a sancionar su infracción por medio de la imposición de medidas correctivas o disciplinarias.

De esta forma, el derecho disciplinario es un instrumento coercitivo de control en manos de la Administración; o dicho de otra manera, es la potestad sancionadora del Estado que consiste en los atributos de los entes u órganos que ejercen funciones administrativas, necesarias para desarrollar tales actividades y lograr los fines de interés público. En Bolivia el marco jurídico del control disciplinario actualmente está dado por la Ley Nº 1178, y sus Decretos Reglamentarios, los cuales regulan los actos de los servidores públicos o los particulares que cumplan funciones públicas o labores de intervención en los contratos estatales.

En el sector privado, cada entidad tiene un Régimen Disciplinario que regularmente se incorpora en los Reglamentos Internos, sea sociedad o asociación privada, como un requisito fundamental para obtener personería jurídica. Así los actos y hechos que no siendo delitos, pero contrarios al comportamiento ético profesional para sancionar este tipo de conductas y así convertirlas en conductas sancionables en el orden disciplinario, fijando sanciones, y los procedimientos a seguir para su aplicación.

Aplicando este entendimiento a los Colegios de Abogados, está claro que la autodeterminación de los individuos que se asocian sin ningún factor de presión externa, conforme establece el inciso 4 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto no puede ni debe limitarse la forma de estructura, organización y funcionamiento de las sociedades, por el Estado y mucho menos puede el Estado efectuar control de ellas, a menos que sean manifiestamente contrarias a la Constitución.

Solo cuando estos actos constituyen conductas delictivas, el Estado ejerce su potestad o facultad de persecución penal, en cuyo caso nos estaremos refiriendo al Derecho Penal; por el contrario cuando el individuo realiza acciones consideradas infracciones, contravenciones o faltas, hablamos del campo de acción del Derecho Disciplinario Sancionador. En este sentido, en el ámbito de la vida privada y los derechos de los particulares, se supone que el Estado tiene una injerencia menor porque las sanciones, vinculadas con infracciones o conducta contrarias a la ética profesional.

Ahora bien, cuando hablamos de derechos individuales, nos referimos a las personas físicas como a las personas jurídicas como son los entes colegiados: Colegios de Abogados que no sólo representan a sus asociados y velan por el respeto de sus derechos, sino que ejercen una función de contralores del ejercicio profesional, para que éste se desarrolle dentro del ámbito de las normas dadas por ellos mismos y el marco legal aplicable; por ello su actividad se encuentra dentro del ámbito del Derecho Privado, pues estos asociados se reúnen por intereses comunes (en nuestro caso el ejercicio de la abogacía), de manera tal que estos Colegios establecen reglas que permiten el funcionamiento y la organización interna, precisamente para lograr el cumplimiento de sus fines y objetivos. Estos mecanismos constituyen el autocontrol profesional, es así que para ingresar a instituciones colegiadas se exigen requisitos a los afiliados, entre ellos la formación académica, la idoneidad, etc. Por otro lado, los Colegios de Abogados avalan la experiencia de sus asociados, debido al prestigio de que goza el status de estar colegiado; es así que es el mismo grupo agremiado el que se ocupa de vigilar la conducta de los colegiados en el ejercicio profesional conforme a su propio ordenamiento. En este sentido, si bien, la potestad administrativa sancionadora está reconocida en la Constitución Política Boliviana, en el caso de los entes colegiados está delegada a la propia administración interna y tiene por objeto proteger a los asociados, a los intereses de cada institución y sus sanciones están dirigidas, fundamentalmente contra los asociados que transgredieron las normas de estos cuerpos colegiados. En síntesis, la potestad sancionadora en la vía disciplinaria se rige por los reglamentos propios de cada institución en nuestro caso particular, el Código de Ética de la Abogacía.

Siguiendo esta línea de razonamiento, concluimos que los Colegios de Abogados tienen dos objetivos fundamentales, el primero el de proteger a sus asociados dentro del ejercicio libre de su profesión y el segundo que consiste en regular el ámbito disciplinario frente a conductas ajenas a los principios rectores del ejercicio libre de la profesión, o vulneradoras de los derechos ciudadanos. En efecto, se trata de una potestad en la que se abordan, todas las perspectivas de la responsabilidad disciplinaria de los asociados, tanto desde el punto de vista material, analizando las distintas infracciones y sanciones, como en sus aspectos procedimentales, abordando cada una de las fases y trámites del expediente disciplinario, con amplio aporte doctrinal y jurisprudencial. Para finalmente, en caso de ser pertinente y según la gravedad de cada caso, establecer la responsabilidad administrativa que conlleva la respectiva sanción disciplinaria, misma que será gradual según la gravedad de la falta, y de las consecuencias de ésta. En el caso de los Colegios de Abogados son el Código de Ética y demás normativa legal reglamentaria los que establecen este Régimen Disciplinario, de manera que todo el accionar relacionado con la responsabilidad disciplinaria de los profesionales abogados debe ser sustanciada conforme las citadas normas y en ningún caso por el Ministerio de Justicia que al ser parte del Órgano Ejecutivo no solamente estaría vulnerando los derechos de los profesionales abogados bolivianos sin estaría contradiciendo el propio régimen administrativo disciplinario antes explicado.

2. La Ley aprobada en el Órgano Legislativo por tanto es violatoria de los Derechos Fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y habrá de ser la causa de futuros conflictos y lejos de permitir garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos y regular sus relaciones, se están introduciendo normas que no garantizan esa paz social. Es además preocupante que quienes hoy aprobaron esa norma, muchos de ellos abogados, son también quienes se auto imponen una regulación que es violatoria de sus propios derechos, lo que llama la atención.

Los mecanismos del Estado para regular, controlar y velar por el adecuado cumplimiento de la Constitución Política y las Leyes, no siempre se ejercen de manera directa, y este es el caso, para ello existen otros mecanismos que permiten el seguimiento a la conducta de las asociaciones profesionales, cualquiera sea su naturaleza, y para ello el Estado tiene los instrumentos legales necesarios. Promulgar una Ley con el contenido de la Ley que se acaba de aprobar en el Órgano Legislativo, no es el más adecuado y correcto, por lo que pedimos a su autoridad, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, observar la Ley aprobada pidiendo a la Asamblea Legislativa, reconsidere estos aspectos ya señalados y tomar en cuenta las recomendaciones que oportunamente los Colegios de Abogados del país hicimos conocer a los parlamentarios.

Con este motivo, saludo a usted con las debidas consideraciones de respeto y consideración.

 

Dra. Silvia Salame Farjat

Presidenta ICACH

 

 CONFEDERACION DE PROFESIONALES DE BOLIVIA
FEDERACION DE PROFESIONALES DE SANTA CRUZ

CONCEJO NACIONAL

 MANIFIESTO PÚBLICO

 

Los Profesionales de Bolivia, reunidos en Concejo Nacional, reflejando el sentimiento de los trabajadores de nuestro país, ante la provocación del Gobierno mediante la Cámara de Senadores, pretendiendo afectar la independencia de los Colegios de Abogados, por su actitud intolerante y autoritaria, al pretender con la emisión del Proyecto de Ley de la Abogacía atropellar la dignidad del profesional boliviano y de sus instituciones legalmente constituidas en Colegios de Profesionales.
Con el objeto de contribuir a la unidad de los profesionales de Bolivia, afianzar la justicia, consolidar la paz social, promover el bienestar general, y la defensa de la independencia, desarrollo y funcionamiento autónomo sin injerencia gubernamental de los Colegios de Profesionales, asegurar la libertad de asociación para nosotros, para nuestra posteridad, y para toda la sociedad que quiera organizarse para trabajar en beneficio de nuestro pueblo, impulsamos una "Alianza por la Dignidad de los Profesionales bolivianos", basada en las siguientes medidas concretas, que deben apoyar la clase política que desea el desarrollo económico y sostenible de nuestro país, para vivir bien.

 

1. LUCHAR CONTRA TODO INTENTO QUE AFECTE LA CONTINUIDAD DE LA EXISTENCIA DE LOS COLEGIOS DE PROFESIONALES.

2. FORTALECER EL TRABAJO INDEPENDIENTE DE LOS COLEGIOS DE PROFESIONALES Y DE SUS ENTES MATRICES LAS FEDERACIONES DEPARTAMENTALES Y LA CONFEDERACIÓN DE PROFESIONALES DE BOLIVIA.

3. DEFENDER LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, DE EXPRESIÓN Y EL RESTO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES HOY AMENAZADOS.

4. DENUNCIAR ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, LA VIOLACIÓN A LA INDEPENDENCIA Y FUNCIONAMIENTO AUTONOMO DE LOS COLEGIOS DE PROFESIONALES DE ABOGADOS, CON LA PRETENDIDA LEY DE LA ABOGACIA APROBADA POR LA CAMARA DE SENADORES.

5. EXPRESAR NUESTRO APOYO Y SOLIDARIDAD A LOS COLEGIOS DE PROFESIONALES DE ABOGADOS DEL PAÍS, EN SUS JUSTOS RECLAMOS DE SUS LEGITIMOS DERECHOS DE CONTAR CON UNA LEY QUE REGULE EL REGISTRO Y LA MATRICULA PROFESIONAL A CARGO DE LOS COLEGIOS DE PROFESIONALES DE ABOGADOS.

6. RECHAZAR EL PROYECTO DE LEY 067/13-14 C.S. DEL EJERCICIO DE LA ABOGACIA, APROBADO POR LA CAMARA DE SENADORES POR PRETENDER SUBALTERNIZAR BAJO EL MANDO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA A LOS COLEGIOS DE ABOGADOS Y AFECTAR LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE DE LOS COLEGIOS DE PROFESIONALES DE ABOGADOS Y LOS DERECHOS CIUDADANOS.

7. EXIGIR LA INMEDIATA REPOSICIÓN DE LAS ANTERIORES LEYES DEL ABOGADO, PRECAUTELANDO LA PROTECCION DEL DERECHO DE ÁSOCIACIÓN Y EL EJERCICIO LIBRE E INDEPENDIENTE DEL PROFESIONAL BOLIVIANO.

8. NOS DECLARAMOS EN ESTADO DE EMERGENCIA, EN DEFENSA DEL FUNCIONAMIENTE INDEPENDIENTE Y AUTONOMO DE LOS COLEGIOS DE PROFESIONALES DE ABOGADOS Y LA PRESERVACIÓN Y DEFENSA DEL REGISTRO UNICO PROFESIONAL Y LA MATRICULA PROFESIONAL A CARGO DE LOS COLEGIOS DE PROFESIONALES.

9. EXIGIMOS A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL RECHAZO DEL PROYECTO DE LEY 067/13-14 C.S. DEL EJERCICIO DE LA ABOGACIA APROBADO POR LA CAMARA DE SENADORES, EN RESPETO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LAS LEYES EN VIGENCIA, Y PROMUEVA ACCIONES DE COORDINACION CON LA CONFEDERACIÓN DE PROFESIONALES DE BOLIVIA, EL COLEGIO DE ABOGADOS DE BOLIVIA Y LOS COLEGIOS DEPARTAMENTALES DE ABOGADOS QUE PERMITA CONTAR CON UNA LEY AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, CON EQUIDAD Y JUSTICIA QUE RESPETE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y EL DESARROLLO INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMO DE LAS INSTITUCIONES COLEGIADAS.


POR EL CONCEJO NACIONAL DE LA CONFEDERACION DE PROFESIONALES DE BOLIVIA.

Santa Cruz – Bolivia, 6 de julio de 2013

 

Pronunciamiento a la opinión pública y en especial a los profesionales abogados del Beni y del país

Como es de conocimiento público durante  más de un mes la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional trató de consensuar con los Colegios de Abogados  de Bolivia, el proyecto de Ley para el Ejercicio de la Abogacía, el mismo que fue aprobado en días pasados por esta instancia legislativa (Cámara de Senadores)  que no condice con los términos del proyecto original consensuado; especialmente  en lo referente a la matricula, el registro, arancel, control del ejercicio profesional y otros aspectos fundamentales  inherentes a la colegiatura,  contraviniendo de esta manera principios constitucionales y leyes sustentativas en actual vigencia.

En consideración  a lo expuesto  anteriormente y ante la inminente aprobación, sanción y promulgación de esta ley, el Ilustre Colegio de Abogados del Beni a tiempo de manifestar su total  desacuerdo, rechaza  rotundamente dicho proyecto,  reservándose el derecho a demandar la inconstitucionalidad de la ley a aprobarse.

Convocando a la Confederación de Profesionales de Bolivia para que nos apoyen en este cometido a fin de frenar un funesto precedente que  con seguridad será utilizado en el futuro en contra de otras colegiaturas de profesionales.

Trinidad, 04 de julio de 2013

El Directorio

 

 

icach                 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CHUQUISACA

 

 

DECLARACIÓN

 

Ante el propósito del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia de aprobar una Ley del ejercicio de la Abogacía contraria al libre ejercicio de la profesión, como debe darse en un Estado Democrático de Derecho, el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca se dirige a la opinión pública para hacer conocer su posición:

1) El proyecto de ley que originalmente se nos envió incorporaba normas que supeditan el ejercicio de la profesión de abogado al Ministerio de Justicia, entre otras, exigiendo el registro y la matriculación obligatorios en esta instancia gubernamental, como requisitos indispensables sin los cuales no sería posible el ejercicio profesional.

2) La indicada norma, aparte de vulnerar el derecho fundamental del ejercicio libre de la profesión de abogado, frustraría el esfuerzo personal de quienes optaron por seguir la carrera al condicionar su ejercicio a un requisito político partidista.

3) Debido a ello el Colegio Nacional de Abogados, conjuntamente la Confederación de Profesionales de Bolivia sostuvo innumerables reuniones tendientes a concientizar tanto al Ministerio de Justicia, así como a ambas Cámaras sobre la importancia de mantener la abogacía como una profesión libre en la que el abogado pueda ejercer su derecho a la libre asociación. En este sentido se había consensuado con la Presidenta de la Cámara de Senadores que para ejercer la profesión de abogado sería requisito obligatorio tanto el Registro así como la Matriculación, registro que estaría a cargo del Ministerio de Justicia y la Matriculación, también era obligatoria, la cual estaría a cargo de los Colegios de Abogados, siendo privativo entre los mismos en qué Colegio efectuarla.

4) Con gran sorpresa, sin embargo, se ha recibido el proyecto aprobado en Senadores pues en él no se han tomado en cuenta las observaciones de fondo formuladas por los colegios de abogados del país, por el contrario, la Cámara de Senadores ha desestimado las principales propuestas del CONALAB que fueron planteadas y discutidas oportuna y formalmente en resguardo del ejercicio independiente y responsable de la profesión.

5) Esta inadmisible dependencia del ejercicio de la abogacía a intereses político-partidistas está demostrada en el proyecto porque se intenta, a través de su texto, darle facultades al Ministerio de Justicia para designar tribunales departamentales de honor y tribunal nacional de honor para el procesamiento disciplinario de los abogados matriculados en el Ministerio, cuando esta atribución ha sido siempre privativa de los colegios, ya que lo contrario significa desconocer la independencia del abogado en el ejercicio profesional y dar fin a la institucionalidad democrática.

6) En resumen, si este proyecto es aprobado, a corto plazo desaparecerían los colegios de abogados, pues si bien el art. 6 parágrafo III del proyecto señala que los abogados se someterán al control del ejercicio profesional a través del Ministerio de Justicia o de los Colegios de Abogados, en los hechos esto no se daría, pues al ser la matriculación obligatoria en el Ministerio, los abogados quedarían bajo ese régimen de control partidario, vulnerando entre otras, las Garantías para el ejercicio de la profesión contenidas en LOS PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA FUNCIÓN DE LOS ABOGADOS aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1990.

7) Dada la gravedad que implica esta pretensión gubernamental, abiertamente contraria al Estado Democrático de Derecho, que constituye un retroceso para el libre ejercicio de la profesión de abogado y de supresión de garantías constitucionales, que afectará inclusive a la administración de justicia y al principio de separación de poderes, el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca rechaza el proyecto de ley del ejercicio de la Abogacía aprobado en la Cámara de Senadores e insta al Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB) a hacer una representación urgente ante los órganos de la abogacía internacional que cumplen funciones de asesoramiento en las NN.UU.

8) También hace un llamado público a los colegas abogados que circunstancialmente desempeñan funciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que reivindiquen el libre ejercicio de la noble profesión de abogado, más allá de sus actuales compromisos partidarios.

 

Es dada en Sucre a los 2 días del mes de julio de dos mil trece

 

Directorio del ICACH