CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO

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EL SISTEMA JUDICIAL INTERVENIDO

Por: Armando Cardozo Saravia

En publicación del matutino Página Siete del día 16 de enero del 2015, se da cuenta que: “Denis Rodas, exdirector jurídico del Ministerio de Gobierno, fue sentenciado ayer a tres años de cárcel” y que El exfuncionario de Gobierno, que proclamó su inocencia por más de dos años, afirmó que la organización criminal operaba desde el Ministerio de Gobierno para evitar que el empresario estadounidense Jacob Ostreicher logre su libertad, según registra El Deber en su web.” No debemos olvidar que Dennis Rodas era hombre fuerte de esa repartición del Órgano Ejecutivo.

Esta revelación pone en evidencia, una vez más, algo que el Órgano Ejecutivo ha pretendido negar en los últimos años, que el Sistema de Justicia se halla intervenido por los otros órganos del Estado, por una serie de presiones que se ejercen sobre los funcionarios del Sistema de Justicia y que terminan dando los resultados esperados, en tanto aquellos funcionarios terminan sometiéndose a la voluntad del Órgano Ejecutivo, hecho por demás gravísimo y que resulta inconcebible e inadmisible, si se afirma que vivimos en una Estado Democrático de Derecho como proclama el artículo 1° de la Constitución Política del Estado.

Importante es tener en cuenta que el diseño, estructura y organización del Órgano Judicial y de las entidades que forman parte del Sistema de Justicia, por si mismas no constituyen el origen de la crisis institucional por la que atraviesa, puesto que es muy similar a los Sistemas de Justicia de América Latina y del Mundo; es posible que sea un sistema burocrático, lento y pesado, pero ello se debe a las distorsiones que se producen por la excesiva contratación de personal, que para asignarles funciones se introducen procedimientos o requisitos que afectan a su funcionamiento, pero en lo esencial el Sistema Judicial debería funcionar con celeridad, oportunidad y garantizando seguridad jurídica y acceso a la justicia a todo ciudadano, como lo hace en otras latitudes.

La crisis del Sistema Judicial en Bolivia, radica en sus administradores, es un problema esencialmente humano. La información periodística que comentamos, independientemente del caso específico del Señor Denis Rodas, pone en evidencia una ausencia total de valores morales y éticos individuales y profesionales. En tanto pone a la luz pública la existencia de ciudadanos dispuestos a cumplir órdenes superiores para ejercer presiones e influencias, así como de funcionarios del Sistema de Justicia que están dispuestos a someterse a las presiones, lejos de denunciarlas conforme al deber ciudadano que le corresponde por mandato del artículo 108 de la Constitución Política del Estado.

Cuando escuchamos afirmaciones que en Bolivia no existe “Justicia”, debemos entender que lo que no existe es recursos humanos, ciudadanos que integran el Sistema de Justicia, con las suficiente condiciones morales y éticas tanto en el orden personal como profesional, salvando siempre las excepciones, puesto que como toda sociedad no podemos hablar en término absolutos. Pero queda claro que esa crisis en el sistema de administración de justicia tiene como uno de tantos otros factores, el de sus recursos humanos.

La crisis institucional por tanto no encontrará soluciones con la simple aprobación de Leyes, fenómeno que en los últimos años nos ha demostrado que la letra en el texto de las Leyes no tiene sentido ni significación, si no están acompañadas de actitudes y acciones verdaderamente comprometidas de reformar el sistema; la excesiva aprobación y promulgación de Leyes solo han contribuido a una dispersión normativa con escasos resultados, obviamente porque si no hay voluntad de cumplir y hacer cumplir las Leyes, seguirán siendo simplemente papel impreso para acumular en las bibliotecas, como lectura que bien se pudiese catalogarse como ciencia-ficción, frente a la realidad que nos demuestra el incumplimiento de la norma, al no haberse implementado los mecanismos para su aplicación y vigencia.

Un Estado que asigna el uno por ciento (1%) del Presupuesto Nacional, para el Órgano Judicial, y solo a manera de ejemplo mayores recursos a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pone de manifiesto que resulta prioritario fortalecer los instrumentos para el uso de la fuerza, antes que el interés y preocupación por la Administración de Justicia, es decir no existe interés real alguno. La historia del país y el sentido común nos dicen que cualquier Institución que no cuente con los recursos suficientes y necesarios para operar, por mucho que sus objetivos, propósitos y fines sean los más loables, no podrán ser cumplidos, menos le podemos exigir eficiencia, eficacia y que sea pronta y oportuna.

Si a ello agregamos que no es suficiente registrar en los papeles de un Presupuesto General del Estado los recursos económicos para su funcionamiento, si el desembolso de los recursos de forma oportuna tampoco se produce; éste ha sido y es otro de los mecanismos a través de los cuales el Órgano Ejecutivo ha utilizado para atentar contra el principio constitucional de la independencia de los órganos del Estado y en particular de la independencia del sistema judicial.

Son estos dos elementos esenciales que debería considerarse en la reforma al sistema de justicia, que no pasa por un referendo, sino por la previa aprobación de una Ley de Necesidad de Reforma Parcial de la Constitución aprobada por la Asamblea Legislativa y que esté orientada a encontrar los mecanismos para garantizar desde la Constitución Política del Estado una solución a estos dos factores básicos: a) recursos humanos y b) fuentes de recursos económicos suficientes para el funcionamiento y el crecimiento en el tiempo del Órgano Judicial.

Pretender introducir modificaciones a la estructura del órgano judicial, como ya se ha escuchado en estos pocos días desde el anuncio hecho de la reforma, sería pretender resolver los verdaderos problemas de la crisis judicial, como dice el dicho popular, pretende apagar el incendio echando más leña al fuego.

Partimos del principio constitucional y legal de la buena fe en los actos de las personas, para el caso de las autoridades de Gobierno y asumamos que efectivamente desean encarar una verdadero reforma al sistema de justicia, si así fuese veremos que hacen para atender los dos factores básicos ya mencionados.

Sucre, 16 de enero del 2015

  

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 ¿Es posible desconcentrar la administración de justicia?

-Bases para una propuesta técnica alternativa ante la crisis terminal del modelo judicial vigente-

Iván Arandia[1]


¿Es posible desconcentrar la administración de justicia? -Bases para una propuesta técnica alternativa ante la crisis terminal del modelo judicial vigente- Iván Arandia Ante el fracaso por solucionar el siempre vigente problema de una administración de justicia que no parece capaz de responder a las demandas de la sociedad, se lanza la idea de un referéndum, figura que si bien es positiva, no hará más que confirmar las demandas populares y proporcionar el suficiente oxígeno político para sustentar una profunda y agresiva reforma, quedándose empero, en el escenario de lo general. A partir de ello, ya en la implementación de las decisiones emergentes de las urnas, se precisará de medidas concretas que respondan con exactitud a cada uno de los elementos que configuran la problemática, que son entre muchos otros, temas de presupuesto, procedimientos, cultura judicial, gestión de los recursos humanos y modelos administrativos, punto este último sobre el que se pretende incidir aunque muy superficialmente en este pequeño aporte desde la perspectiva del denominado “gobierno judicial”. Para este efecto partimos de la correlación de dos variables que creemos centrales, a saber, la idea de un modelo de Estado “…descentralizado y con autonomías…” (sic.) reconocido en la Constitución, frente a un modelo administrativo judicial imperante que se mantiene alejado del mismo, constituyéndose ante los ojos de la sociedad en un espacio de lo público estatal que parece haber cambiado muy poco (solo en la elección de sus principales autoridades y el reconocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina) manteniéndose en un resabio de todo lo malo del pasado, lo que a juicio nuestro incluye una forma de gestión altamente centralizada que es lo ahora nos preocupa. Téngase además en cuenta, como un paréntesis, que la crisis judicial está abriendo viejas heridas internas, entre ellas el planteamiento de eliminar del Consejo de la Magistratura, algo que implicaría un retroceso más (el primero fue la eliminación de los jueces ciudadanos del esquema procesal penal) retornando a la tan duramente criticada concentración de funciones judiciales y de gobierno judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, lo que además implicaría saturar a unos magistrados que ya tienen una importante carga laboral con las causas que deben resolver. Una muestra más de la crisis terminal de este importante órgano. De la misma forma, trabajar solo en el tema de los recursos humanos resultaría a todas luces insuficiente pues la crisis no solo es de actores/operadores (magistrados y jueces, lo que incluye su forma de elección), sino del sistema en su conjunto, esto es, de todos los elementos que lo componen, incluido, por ejemplo, el tecnológico, punto sobre el que se notan intenciones e incluso algunos avances como lo es el recién presentado “expediente electrónico”, un aspecto sobre el que se tendrá que trabajar mucho más pues no aprovechar las ventajas de los enormes avances en las TIC, incluido nuestro satélite seria poco menos que necio. Retornando al tema central del artículo, entendiendo que el órgano judicial es, aún con sus especiales funciones, parte de una estructura estatal constitucionalmente “descentralizada y con autonomías” cabe preguntarse sobre las razones por las que se mantiene completamente ajena, seguramente existirán argumentos para justificarlo, sin embargo, lo que está comprobado es este esquema altamente centralizado de funcionamiento ha demostrado ser históricamente ineficiente, por lo que debería pensarse con una visión abierta y considerar todas las excelentes posibilidades que el propio texto constitucional contiene, entre ellas, la posibilidad de desconcentrar la administración de justicia en su componente administrativo y de gobierno judicial (aún no hablamos del componente jurisdiccional propiamente dicho que precisa de reflexiones en una dimensión distinta), posibilidad que creemos constitucionalmente viable en tanto el art. 298.II.23 señala que la ‘administración de justicia’ se constituye en una competencia exclusiva (no privativa) del nivel central del Estado, lo que significa, conforme manda el art. 297.I.2 de la norma suprema, que el gobierno central puede, si lo desea, delegar o transferir las facultades reglamentaria y ejecutiva a los gobiernos subnacionales sobre temas estrictamente administrativos o de inversión en infraestructura judicial por ejemplo, u otras medidas que en ningún caso lleguen a vulnerar la independencia de órganos, o generar, dentro del propio órgano judicial, un sistema de gestión territorializada (lo que técnicamente significa desconcentrar y no descentralizar, esto por si subsistieran algunos viejos temores), dando paso a un abanico de posibilidades para discutir nuevas opciones administrativas y jurídicas, es decir, un nuevo modelo de administración judicial. Para ello solo hace falta una voluntad política seria de contar con un órgano judicial realmente independiente y un aporte técnico y académico multidisciplinar que además de idóneo sea altamente creativo, esto para efectos de una reingeniería organizacional distinta, tarea altamente dificultosa a una persistente cultura administrativa centralista y conservadora que ralentiza y, en algunos casos, posterga el despliegue de todo el potencial que subyace en el texto constitucional vigente para la solución de nuestros viejos entuertos. Para quienes quieran profundizar en el tema se recomienda la lectura del libro titulado “Estructuras de administración de justicia en Estados compuestos”, un aporte académico seminal que permite observar en clave simplemente descriptiva y comparada la problemática judicial nacional en relación a otros siete países, cuyo contenido in extenso puede ser gratuitamente descargado de la siguiente dirección electrónica: http://www.icach.org.bo/docs/Libro_Estructuras_Administracion_de_Justicia.pdf; o, en su caso, solicitarlo también gratuitamente a la siguiente dirección de correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. .

 

[1]Iván Carlos Arandia Ledezma. Ex – Director General del extinto Instituto de la Judicatura de Bolivia, hoy Escuela de Jueces de Bolivia. Dr © en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset/UCM.

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REFORMAS AL SISTEMA DE JUSTICIA

Finalmente, y luego de tres años de improvisación y experimentación, el Gobierno Central, ha terminado entendiendo que el sistema de elección por voto popular de las más altas autoridades del Órgano Judicial, era el procedimiento más absurdo.

El 2011 los Colegios de Abogados del País, y la ciudadanía que en mayoría aplastante con el voto nulo o blanco, le dijo al Gobierno Central, el error en que se incurría, pero la tozudez y la terquedad, recordaran todos, forzó al Órgano Electoral a realizar un cómputo con un razonamiento incomprensible y terminaron posesionando magistrados que no contaban con la debida legitimidad.

Se necesitó tres años para que quienes defendían la elección por sufragio universal, hoy planteen la necesidad urgente de elegir por méritos profesionales, idoneidad, honestidad y experiencia.

Ahora es importante que aprendida la lección, pasemos la página y nos comprometamos todos, pero esencialmente la Asamblea Legislativa a estructurar el procedimiento de elección de magistrados por méritos profesionales, idoneidad, honestidad y experiencia; de manera tal que ese procedimiento nos garantice que se elegirán a los mejores, y que no se pretenda a título de reforma pretender inventarse un sistema que responda a intereses coyunturales, o que sólo sirva para cambiar la nomenclatura de las Instituciones sin modificar en el fondo nada, por el contrario si se va a proceder a una verdadera reforma, ella debe ser con la visión puesta en lo que sea mejor para Bolivia.

Por mandato del numeral II del artículo 411 de la Constitución Política del Estado, para la reforma parcial de la Ley Fundamental es preciso que la Asamblea Legislativa aprueba la Ley de Reforma por dos tercios del total de sus miembros presentes y que esa Ley se apruebe mediante referendo. Por lo tanto si el anuncio gubernamental de la reforma al Órgano Judicial es real, es de esperar que éste no sea el pretexto para incorporar otros temas de naturaleza distinta, que solo desvirtúen los verdaderos objetivos de lo anunciado en la Fiscalía General del Estado en ocasión de la inauguración de sus actividades de la gestión 2015.

Una vez aprobada la Reforma, en vez de que los legisladores elaboren una propuesta de ella y luego la “socialicen”, lo adecuado debería ser que el Legislativo conforme un Comisión integrada por profesionales vinculados al área judicial: Universidades, Colegios Profesionales y Asociaciones Profesionales Especializadas en las diferentes ramas del Derecho. Comisión que no debería destacarse por el número de miembros, sino por la alta calificación profesional de ellos. Para que sean los que elaboren el texto de la reforma.

Creemos que no será suficiente la labor que pueda cumplir esa Comisión en la redacción de un sistema de elección, sino que además será fundamental que se conforme un equipo de apoyo profesional de expertos economistas que estudien las verdaderas necesidades financieras del Órgano Judicial y propongan un mecanismo que permitan una proyección en el tiempo para un crecimiento proporcional de la capacidad para financiar el funcionamiento del Órgano Judicial, de manera tal que en definitiva la Comisión tenga una propuesta que garantice la independencia del Órgano Judicial y con capacidad de atender sus múltiples requerimientos de orden financiero, con fuentes de generación de recursos propios, de forma que el país efectivamente tenga acceso a la Justicia.

Pues para el Sistema de Justicia no es suficiente que tenga magistrados eruditos, si no dispone de los medios y condiciones que el adecuado funcionamiento del sistema. Porque para que sirve aprobar leyes de toda naturaleza a un simple reclamo, si los administradores de la Estado y los administrados no las cumplen. El Jefe de Estado habrá aprendido que no es cuestión de “le meto no más”, sino es fundamental el respeto a la Ley, el “fortalecer la institucionalidad del Estado” que es un concepto completamente distinto a fortalecer las instituciones y a ese título se les ha dotado en muchos casos de mejor infraestructura, equipos e incremento de personal, que sin duda es importante y necesario, pero eso no es fortalecer la institucionalidad de las entidades estatales.

Hacemos votos porque las expresiones del Jefe de Estado y su Vicepresidente realmente sean sinceras, honestas y pensando en el país, para efectivamente provocar una revolución en el sistema de administración de justicia. Han sido tantas las veces en que se han hecho anuncios de cambios, sin que en el fondo nada cambie, que las declaraciones gubernamentales siempre dejan de espacio para la duda de saber si esas fueron efectivamente las verdaderas razones de una decisión adoptada.

Sucre, 8 de enero de 2015  

          

 

 

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COMUNICADO

El Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca se complace en comunicar que con motivo de las fiestas navideñas entregará un vale del Supermercado SAS por Bs. 150.-, únicamente a los abogados/as afiliados/as que tengan sus aportes cancelados hasta el mes de diciembre de 2014 inclusive, sin excepción alguna.

Los vales serán entregados del 8 al 20 de diciembre del año en curso en Secretaría del ICACH y tendrán una vigencia máxima para su recojo en el Supermercado SAS hasta el 10 de enero de 2015, más allá de esta fecha no tendrán validez. Todos los plazos señalados son inamovibles, por lo que no se aceptará reclamo alguno pasados los mismos, sugiriéndose por ello tomar las medidas correspondientes.

La entrega de los Vales en Secretaria del ICACH será en forma personal, pero para facilitar el canje se ha autorizado al Supermercado SAS que el recojo pueda hacerlo cualquier persona en nombre del titular.

Asimismo, se les comunica que el ICACH entrará en receso por fin de año del 22 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015.

 

El Directorio