Rigoberto Paredes & Asociados

 

Tienen el agrado de invitarte a la Presentación del:

 

Proyecto de Ley de Propiedad Industrial e Infracciones

 

Expositor: LLM., Rigoberto Paredes Ayllón

Master of Laws University of New York

 

Lugar: Auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, calle Audiencia N°57

Miércoles: 1ro de Abril a las 7:00 PM

 

Entrada gratuita

Se entregará material de información

autonomias

QUECHUA

Elecciones judiciales en Bolivia

Una experiencia inédita

 

El adecuado funcionamiento del sistema de justicia es un elemento esencial para la existencia de una democracia efectiva, en la cual exista una relación de pesos y contrapesos entre poderes y se respete el Estado de derecho1. Para que un sistema de justicia funcione de manera adecuada, la independencia de la judicatura es imprescindible. Por esta razón, varios tratados internacionales —como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos— establecen el derecho de toda persona a ser oída por un  juez independiente cuando se le acuse de un delito o para determinar los alcances de sus derechos u obligaciones.
En ese cuadro, los procesos de selección y nombramiento de juezas y jueces son una pieza clave para lograr la independencia judicial: de su calidad depende que los designados reúnan las condiciones que les permitan resistir injerencias indebidas y fallar imparcialmente. Estos procesos cobran especial relevancia en el caso de las más altas autoridades judiciales, en razón de las importantes facultades jurisdiccionales y administrativas que tienen en el sistema de justicia2. Solamente con procesos transparentes y participativos, basados en la evaluación de méritos de las y los candidatos, y cuyos requisitos y contenidos estén claramente definidos3, se puede garantizar que las y los mejores profesionales sean seleccionados.

PREVARICATO Y NULIDAD DE LAUDOS

Horacio Andaluz Vegacenteno

LLM, Harvard Law School

Está en tratamiento el proyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje. El artículo 115.I.3.e del mismo dice que los laudos son nulos por prevaricato. El recurso de nulidad del laudo arbitral es de vocación garantista: su cometido es garantizar que en el arbitraje no se definan derechos transgrediendo el derecho a la defensa ni la garantía al debido proceso. Siendo tal la racionalidad que gobierna al recurso de nulidad, habrá que asumir que el artículo 115.I.3.e la comparte. Y que la comparta significa que su fin es uno solo: evitar que un “[laudo] manifiestamente contrario a la ley” (i.e. producido en prevaricato, artículo 173 del Código Penal, modificado por la Ley 004) defina derechos. Cualquier vocación punitiva debe quedar excluida: punir corresponde al ordenamiento penal, que ya tipificó al prevaricato y a su comisión por los árbitros como delito. Si su fin es solo el dicho, su inclusión en el ordenamiento es (1) una redundancia (2) perjudicial, por (3) inconstitucional.

Redundancia, porque está duplicando un remedio ya previsto en el ordenamiento. Una decisión “manifiestamente contraria a la ley” es una decisión violatoria de la legalidad ordinaria, producto de (1) una valoración arbitraria de los medios de prueba, por “apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir” (STC 766/2013-AAC, 7 de junio, párrafo III.2); o de (2) una interpretación “insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente” (STC 259/2014-AAC, 12 de febrero, párrafo III.1). Para ambos casos, la jurisdicción constitucional tiene ya un remedio previsto, que es la acción de amparo por violación a la garantía del debido proceso. Y si ya hay un remedio previsto en el sistema jurídico, normar otro de pretensión análoga, tanto por su objeto (la anulación de la decisión) como por su razón (su contrariedad con la ley), es repetir lo ya normado.

Perjudicial, porque el artículo 115.I.3.e supone para la parte agraviada una defensa en dos movimientos: (1) agotamiento de un proceso penal que condene a los árbitros por prevaricato; y (2) anulación del laudo por ser “manifiestamente contrario a la ley”, con pie en la plena fe probatoria que prestaría la sentencia de condena. Mucho rodeo para llegar al mismo punto al que llegaría una acción de amparo, que, en vez de atacar al laudo a título de efecto probatorio de una sentencia ejecutoriada, acorta camino atacándolo directamente por los daños frontales al orden constitucional que causan sus vicios.

E inconstitucional, porque el recurso de nulidad por esta causal procede “sin perjuicio” de la ejecutoria del laudo (artículo 116.IV). Esto es, que la pretensión de nulidad se ejercerá contra un laudo que, por haber obtenido ejecutoria, puede ya muy bien haber sido cumplido compulsoriamente en contra del agraviado. La suya habría sido una victoria pírrica, en la que deshacer lo hecho en ejecución del laudo podría serle más costoso que resignar la pretensión llevada a arbitraje. El resultado: una violación al derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 115.I de la Constitución), porque su naturaleza tarda hace quimérico al remedio previsto. Y tampoco se evitaría violar la tutela judicial efectiva si, en vez de dejar a salvo la ejecución del laudo, la ley suspendiese su ejecución hasta que se decidiese el proceso penal por prevaricato. En tal caso, se la violaría en la persona de quien obtuvo el laudo a su favor, que tiene derecho a que el mismo, en tanto no se lo declare nulo, sea cumplido pronta, oportunamente y en sus propios términos. A un juicio de proporcionalidad, no es efectiva la tutela que depende para su cumplimiento del agotamiento previo de un proceso penal notoriamente más largo que el arbitraje que definió el derecho en disputa.

William Blackstone (s. XVIII) decía que donde hay un derecho hay un remedio para su defensa (ubi jus ibi remedium). Las legislaturas pueden muy bien innovar esos remedios, con esta condición esencialísima: que sus leyes no rompan con la Constitución.