Comisión Interamericana de Derechos Humanos
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Comunicado de prensa 16/15
 
CIDH presenta caso sobre Bolivia a la Corte IDH
 
24 de febrero de 2015
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 12.693 María Nina Lupe del Rosario Andrade Salmón con respecto a Bolivia.

El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el marco de tres de los seis procesos penales seguidos contra Lupe Andrade. Estos tuvieron lugar por presuntos malos manejos de recursos económicos públicos durante el tiempo que ejerció los cargos de Consejala, Presidenta del Consejo Municipal y Alcaldesa Municipal de La Paz. Específicamente, por su detención ilegal y arbitraria en el contexto de dos de esos procesos, la Comisión consideró que se violó el derecho de Lupe Andrade a acceder a un recurso sencillo y eficaz a fin de cuestionar una de las medidas de prisión preventiva en su contra. La CIDH llegó a esta conclusión en virtud de que el hábeas corpus presentado por ella se ejecutó cinco meses después de ser resuelto y tras un proceso sumamente complejo. Asimismo, la CIDH analizó las resoluciones sobre las medidas cautelares que fijaron las fianzas y estimó que las autoridades judiciales no decidieron de manera individualizada los montos asignados, ni tomaron en cuenta los medios económicos de Lupe Andrade. En ese sentido, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a la libertad personal y el derecho a la propiedad privada.

Adicionalmente, la Comisión consideró que la medida de arraigo impuesta a Lupe Andrade, que la mantiene impedida de salir del país desde hace más de diez años, no cumplió con los estándares interamericanos sobre las restricciones en el ejercicio de los derechos. En consecuencia, la CIDH concluyó que el Estado violó su derecho a la libre circulación. Finalmente, la Comisión consideró que tres procesos penales no tuvieron una duración razonable debido a que las autoridades judiciales actuaron deficientemente y no realizaron actos procesales significativos para determinar la situación jurídica de Lupe Andrade.

La Comisión Interamericana sometió el caso 12.693 a la jurisdicción de la Corte Interamericana el 8 de enero de 2015 porque a pesar de las prórrogas otorgadas y los esfuerzos desplegados para lograr un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones, al momento de adoptar la decisión, las recomendaciones no habían sido cumplidas. El Estado no presentó el último informe requerido por la Comisión ni solicitó prórrogas adicionales para tal efecto. Las recomendaciones de la CIDH fueron: levantar las medidas cautelares impuestas a Lupe Andrade; adoptar todas las medidas necesarias para resolver el proceso en su contra de forma expedita e imparcial, y salvaguardando los derechos consagrados en la Convención Americana. La Comisión también solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para impedir la repetición de situaciones similares respecto a la duración desproporcionada de procesos penales y medidas cautelares en dichas condiciones; y reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto en el aspecto material como moral, tomando en cuenta los montos ya percibidos por Lupe Andrade por concepto de reparación.

Este caso permitirá a la Corte IDH profundizar sobre la aplicación de los criterios específicos relativos a la garantía de plazo razonable en un proceso penal, particularmente en el marco de procesos con múltiples imputados. Asimismo, este caso ofrece a la Corte una oportunidad para analizar las limitaciones derivadas de la adopción de medidas cautelares en el marco de un proceso penal, así como las circunstancias bajo las cuales dichas limitaciones resultan compatibles con la Convención Americana.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.


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LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO EN LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
 
 
LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO EN LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Iván Carlos Arandia Ledezma
Algunos años antes del lanzamiento del satélite “Tupak Katari”, más precisamente el año 2010, el hoy extinto Instituto de la Judicatura de Bolivia (predecesor de la Escuela de Jueces del Estado) llevó adelante una experiencia piloto o prospectiva para introducir en los procesos judiciales algunas de las ventajas más básicas emergentes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), identificando en la mensajería móvil a teléfono celular o SMS por sus siglas en inglés una de las muchas e interesantes posibilidades para agilizar y transparentar las actuaciones judiciales, proporcionando al litigante información veraz y oportuna mediante un medio de comunicación instantáneo y a su alcance, utilizando para ello la capacidad tecnológica disponible y por entonces instalada en juzgados.

Con esta medida se mantuvo a seis secretarios-actuarios manteniendo informados a los litigantes mediante mensajes instantáneos al teléfono móvil, de manera oportuna y sin un mayor esfuerzo que el de hacer un click a tiempo de registrar los actuados en el sistema, abriendo la posibilidad de un control cruzado y con ello, la agilización del proceso por impulso de los propios actores con reducción de costos para el ciudadano.

Aunque los resultados de esta experiencia de investigación prospectiva o experimental no lograron por entonces cuajar una verdadera política de gestión judicial, principalmente por falta de voluntad política, sí probó y con certeza la eficiencia de la medida propuesta, ensayando su utilidad en un microambiente controlado y sin mayor inversión que un uso optimizado de los recursos tecnológicos por entonces disponibles, hoy multiplicados por los naturales avances en las TIC y por la acertada política nacional en el ramo que nos permite contar con un satélite propio, abriendo nuevos espacios de modernización y mejoramiento de la administración pública en general y del gobierno judicial en particular.

Esta investigación prospectiva no hubiese sido posible sin un equipo profesional mínimo, con personas altamente capacitadas y una visión de trabajo centrada en la innovación, virtudes no siempre existentes en el burocratizado aparato estatal.

¿Qué se extrae de esta experiencia? Primero, que la investigación y el desarrollo no son un gasto suntuario como comúnmente se cree, constituyéndose en una inversión que permite lograr resultados concretos sin grandes costes y mediante un uso creativo de las posibilidades y capacidad tecnológica ya instaladas. Segundo, que es necesario implementar una cultura de planificación judicial pisando en firme, esto es, partiendo de la realidad del problema u objeto sobre el que se pretende incidir, lo que no se consigue solo con procesos de diagnosis tan difundidos y de los que se tienen ya demasiados, sino con procesos prospectivos experimentales, proyectos piloto que prueben y validen instrumentos y procedimientos in situ. Tercero, que si hay algo que descolonizar urgentemente es nuestro aparato de generación y gestión de conocimiento, considerando que la solución a los problemas organizacionales requiere de medidas de política pública diseñadas, probadas, testeadas y ajustadas de manera endógena, vinculando los innegables logros de la ciencia occidental con los mecanismos y saberes propios (diálogo de saberes), evitando la aplicación acrítica de medidas prefabricadas generalmente en el extranjero y que a la larga provocan más pérdidas que beneficios. Cuarto, los procesos de crisis y cambio organizacional son permanentes, por ello, las organizaciones públicas deben generar capacidades propias para aprender y reinventarse, adaptándose a las cambiantes necesidades sociales.

Es con este fin que deben fortalecer las unidades de investigación y políticas ya existentes o las que se tengan que crear en los organigramas institucionales de las entidades públicas clave, constituyéndolas en verdaderos tanques de pensamiento que promuevan la innovación, la competitividad y la excelencia, conceptos que no tienen por qué estar alejados del pensamiento de la burocracia estatal, con mayor urgencia en aquellas instancias que, como el órgano judicial, enfrentan procesos de crisis terminal. La experiencia descrita a un inicio demuestra que esto no es solo posible, sino necesario.

El autor es Abogado, Máster en Ciencia Política y Dr © en Gobierno y Administración Pública.

 

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UN NUEVO SISTEMA JUDICIAL PARA UN NUEVO MODELO DE ESTADO

Iván Carlos Arandia Ledezma[1]


El estudio de los efectos que la distribución territorial del poder y la determinación del modelo de Estado producen en la administración de justicia ha permanecido obviamente ajeno al interés académico en un país que durante gran parte de su historia se ha desarrollado bajo un centralismo obcecado; no obstante, con la aprobación de la Constitución hoy vigente esta realidad comienza a transitar pausadamente hacia un modelo de Estado francamente compuesto (aunque no típicamente federal), descentralizado y con cinco niveles territoriales, cuatro de los cuales gozan de capacidad legislativa plena, esto es, con asambleas o concejos que legislan de manera autónoma en sus jurisdicciones y ámbitos competenciales.

Esto complejiza el ejercicio de la potestad normativa del Estado y quiebra el tradicional monopolio legislativo antes concentrado en un único centro emisor de normas con carácter de Ley, instituyendo una multiplicidad de gobiernos subnacionales legislando paralelamente en sus respectivos territorios y ámbitos competenciales, sin que por ello se quiebre la unidad de un sistema normativo general cuya cohesión se sustenta en una Constitución única. Emerge así un sistema jurídico general complejo en el que a su vez operan varios subsistemas secundarios que, sin perder su carácter derivado de la Constitución, desarrollan autónomamente cuerpos normativos diferenciados y territorializados, es decir, vigentes todos al mismo tiempo pero en parcialidades diferentes del espacio nacional.

Este no es un dato menor, pues el ámbito de legislación subnacional no es nada despreciable, ya que contempla las 36 competencias exclusivas departamentales, las 43 exclusivas municipales y las 23 exclusivas indígena originario campesinas (que se podrán ampliar a las municipales). Esto quiere decir que se tendrán 9 gobernaciones, 334 gobiernos municipales y un número aún indeterminado de gobiernos indígena originario campesinos legislando todos al mismos tiempo dentro de sus respectivos territorios y ámbitos competenciales, provocando una diversidad normativa antes impensable que tiende a multiplicarse si además se considera la legislación de desarrollo que emergerá del ejercicio de las competencias compartidas y las normas administrativas subnacionales que reglamentarán las leyes nacionales en el marco de las competencias concurrentes

Por otro lado, así como el nuevo modelo estatal autonómico rompe con el monopolio de la legislación, esto quiebra también la unidad de la jurisprudencia, es decir, que los fallos de última instancia perfilarán también líneas territorialmente diferenciadas, de acuerdo a las normas (nacionales o subnacionales) que se apliquen en cada caso concreto. Esta es una realidad que no debe ser negada, pues remueve los basamentos centrales que sirvieron de sostén a la ahora anacrónica organización judicial boliviana tradicional basada en la uniformidad total y que se mantiene obstinadamente con escasos cambios de fondo en lo que a la jurisdicción ordinaria se refiere (elección directa de autoridades, básicamente), indolente ante los nuevos desafíos emergentes de los nuevos paradigmas constitucionales y de la extraordinaria diversificación normativa que se aproxima, fenómenos que invariablemente terminará por rebasarla hasta el colapso, pues su diseño corresponde a otra realidad constitucional.

La respuesta a esta problemática no es sencilla y debe partir de un hecho básico, los jueces juzgan en base a la aplicación de las normas (principalmente leyes pero también disposiciones administrativas), por lo mismo es lógico pensar que el proceso de diversificación normativa territorializada descrita precisará de cambios sustanciales en la perspectiva de establecer un sistema judicial también complejo, espacialmente estructurado en al menos dos niveles o circuitos judiciales, uno nacional y 9 de carácter departamental, no considerando niveles espaciales menores por razones de economía y en observancia del principio de impugnación. De esta forma, en el circuito judicial nacional se sustanciarían los procesos judiciales basados centralmente en normas nacionales produciendo, como es obvio, una jurisprudencia nacional, mientras que en los circuitos judiciales subnacionales se sustanciarían en todas sus instancias los procesos sustentados en la normativa subnacional, generando una suerte de jurisprudencia territorialmente diferenciada sin sobrecargar al nivel nacional.

En este marco, a efectos de precautelar el principio de unidad de la función judicial (art. 179.I CPE), la idea planteada debe entenderse como solo como el reconocimiento de al menos dos jurisdicciones territoriales (nacional y subnacional) que sostendrán a las jurisdicciones por materia, siempre bajo una estructura burocrática judicial única que asume competencias diferenciadas dependiendo de la jurisdicción a la que pertenezcan las causas puestas a su arbitrio, como ocurre, por ejemplo, en el caso alemán, cuyo modelo de estructuración judicial es de carácter mixto en tanto combina elementos de los modelos judiciales simples (una sola jurisdicción de ámbito nacional con una sola estructura organizacional, propio de los Estados simples) con elementos de los modelos judiciales complejos (al menos dos jurisdicciones cada una con su propia estructura operando de manera separada en el mismo territorio, propio de modelos federales tipo). No puede entonces acusarse a la propuesta ni de unitaria ni de federal.

Implicará además un agresivo proceso de reingeniería procesal en lo jurisdiccional y de profundas reformas en el gobierno judicial, medidas ciertamente complejas pero imprescindibles, pues de persistirse en el mantenimiento de un modelo judicial simple con reformas mínimas como la creación de una sala o cámara territorial en el Tribunal Supremo, solo dará lugar a la aplicación forzada de un anacrónico mecanismo judicial inútil para un modelo de Estado compuesto, postergando el problema central y saturando al tribunal de mayor jerarquía con más carga procesal, lo que inicialmente obligará a un crecimiento inusitado de su burocracia sin los resultados esperados pues no cuenta con la experticia requerida, lo que será difícil de justificar ante la sociedad en un análisis costo-beneficio.

En síntesis, la crisis judicial no es solo de actores sino de todo un sistema que nunca fue capaz de responder con eficacia a las necesidades sociales de justicia, ni en el anterior esquema constitucional y que peor en el nuevo, puesto que a los tradicionales males que aquejan al sector se suma el anacronismo de un diseño organizativo que responde a la realidad de un modelo estatal periclitado. Cualquier curso de acción política que omita esta realidad y no incluya el elemento territorial en las reformas pecará de cortoplacista y superficial, entrando más pronto que tarde en un nuevo proceso de deslegitimación que eternizará el problema.

Si el constituyente tuvo el valor de visionar normativamente la imagen de un Estado sustancialmente distinto, por qué no dejar atrás la actitud conservadora tan arraigada en los profesionales del derecho y atrevernos a pensar en transformaciones tan agresivas como creativas para estructurar un Órgano Judicial acorde a nuestra nueva realidad ¿No es acaso eso lo que demanda el pueblo?



Abogado, master en ciencia política y Dr. © en gobierno y administración pública.

CURSO CONOC. EL COD. DE FAMILIAS

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS DESDE LA FECHA EN SECRETARÍA DE LA ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA DEL ICACH

Sucre, 4 de febrero de 2015

CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO